Desafíos del sector público y gobierno electrónico (Parte I)

1) Enfrentar un mundo en transformación

El sector público tiene el reto clave de modernizar la economía de modo que sea más competitiva y dinámica, con crecimiento sostenible y capaz de crear más y mejores empleos a la vez que fomenta y facilita una mayor integración social. Sin embargo, alcanzar dichos objetivos depende de la capacidad de sostener a largo plazo un nivel de crecimiento de 3,5% o superior. Lo vertiginoso del avance global asi lo exige.

Un factor que sustenta este punto, es que el sector público es el comprador individual más importante de la economía representando entre el 20% y 60% del PBI. Por tanto, las administraciones públicas deben convertirse en los principales suministradores de servicios para las empresas e influir en la capacidad de éstas para competir, y adicionalmente asumir su deber de brindar a los ciudadanos servicios de educación, trabajo y asistencia sanitaria de la mas altísima calidad.

Además, el sector público genera movimiento económico ya que impone obligaciones a las empresas y a los ciudadanos como la seguridad social, la recaudación de impuestos y aunque poco impulsada, la obligación de preservar el medioambiente. En este sentido, se calcula que el coste de las obligaciones administrativas alcanza entre un 2-3% del PBI y suele afectar de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas, las cuales se ven afectadas por el tiempo y el coste de constituir una nueva empresa que en nuestro país puede variar desde unos días hasta más de un mes y alcanzar un coste base de unos US$ 650.00.

El sector público tiene también una influencia clave en las condiciones de los factores de producción, como es el caso de la oferta de trabajadores calificados producto del sistema educativo. Hacer que dichas actividades del sector público resulten más eficientes (reducir el papeleo) y más eficaces (accesibles, cómodas para el usuario, seguras y con un objetivo definido) impulsará el crecimiento económico. En este sentido, la contribución del gobierno electrónico es indiscutible.

Asimismo, el mejor funcionamiento del mercado interno facilitará la movilidad dentro de las distintas jurisdicciones tanto por motivos de trabajo como por razones educativas o sociales, aumentando así la diversidad de la demanda de los servicios públicos. Las autoridades públicas deben considerar el prestar  servicios públicos a los ciudadanos a nivel nacional y global. Por su parte, la comunidad exige cada vez más que las autoridades defiendan la libertad, la justicia y la seguridad. Para ello es preciso que se produzca una cooperación entre todos los niveles de gobierno para hacer frente también a las nuevas oportunidades e inseguridades que trae consigo la tecnología. Internet hace posible nuevas formas de participación en el diseño de políticas, tales como los grupos de opinión en línea (redes sociales, blogs, foros, etc), es decir, medios emergentes por los cuales se exige a las autoridades públicas revisar su modo establecido de tomar decisiones. Y es que como dice Manuel Castells: “Internet puede servir para que los ciudadanos vigilen a sus gobiernos y no para que los gobiernos vigilen a sus ciudadanos”.

Más allá del desafío que supone crear una administración pública moderna, hay que tener en cuenta que existen otros retos que se originan a partir del mercado interno, como son, la convergencia de medios, la descentralización y la globalización puesto que ellas exigen establecer nuevas formas de gobierno. Mediante el uso intensivo de las  NTDs, las administraciones públicas lograrán las condiciones para lograr un gobierno multinivel con miras a alcanzar un “espacio público” totalmente integrado para los ciudadanos. Esto indica que deben hallarse medios más eficaces para ofrecer los servicios públicos aprendiendo de los negocios electrónicos pero sin copiarlos.

En resumen, para que el sector público configure la sociedad del conocimiento es necesario potenciar la innovación y la investigación estableciendo alianzas con los centros productores de conocimientos (universidades, institutos, colegios profesionales, asociaciones civiles y empresariales, etc). De otra forma, el coste de su implementación sería por decirlo de alguna forma, prohibitivo de cara a los niveles de pobreza que atraviesa nuestro país. Es imprescindible entonces creer en la capacidad técnica y profesional de nuestra gente.